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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con Finnovista, publicó la tercera edición del informe “Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación”, en el cual se detalla cómo el ecosistema fintech en la región ha experimentado un rápido crecimiento y se ha consolidado como un actor clave para responder a las demandas y necesidades de los consumidores financieros.
El número de plataformas Fintech alcanzó 2,482 en 2021, lo que representa un crecimiento del 112% entre 2018 y 2021. Además, casi una cuarta parte de las fintechs a nivel mundial, un 22.6%, son latinoamericanas y caribeñas. Brasil sigue liderando este sector con el 31%, seguido por México (21%), Colombia (11%), Argentina (11%) y Chile (7%).
El crecimiento fue impulsado por una creciente demanda de servicios financieros que no están siendo cubiertos por el sector financiero tradicional, un aumento de la demanda por servicios financieros digitales causada por la pandemia del COVID-19 y cambios regulatorios que aumentaron la transparencia y la seguridad para los inversores en estas plataformas, explica el estudio.
¿Qué se espera en Centroamérica para 2023?
Respecto a Centroamérica, el BID y Finnovista indican que esta región cerró el 2022 con una apuesta en materia fintech bastante definida, ya que más de la mitad de emprendimientos fintech en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá se enfocan en la inclusión financiera.
“La región de Centroamérica representó únicamente el 6% del total de empresas Fintech en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de que el ecosistema Fintech en esa región representó un porcentaje pequeño en relación con el resto de continente, es notorio que está siguiendo las tendencias de crecimiento y de los segmentos que predominan son los de pagos, préstamos y software financiero”, detalla el estudio.
Guatemala
Sobre Guatemala, el informe indica que aún no existe regulación específica aplicable a Fintech’s, por lo que les aplican todas las obligaciones y requisitos que debe cumplir toda sociedad en el país, especialmente la regulación relativa a la prevención de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y erradicar el financiamiento del terrorismo.
En el año 2021, la Superintendencia de Bancos, autoridad a cargo de la vigilancia e inspección de las entidades autorizadas para operar dentro del sistema financiero del país, emitió un comunicado en el que informó a la población que en Guatemala la única unidad monetaria era el Quetzal y la única entidad autorizada para emitir billetes y monedas dentro del país era el Banco de Guatemala, por lo que las monedas virtuales no eran monedas de curso legal.
Honduras
En Honduras, en los últimos años se ha experimentado un crecimiento del ecosistema Fintech, en parte, debido a la pandemia. A causa de ello, las autoridades han comenzado a regular ciertos aspectos de estos negocios y a finales del año 2021 el Congreso Nacional aprobó el Decreto No. 83-2021.
Mediante dicho decreto se creó un marco legal general para regular la organización, operación y funcionamiento de las personas jurídicas nacionales y extranjeras que presten servicios de pago y transferencias. Adicionalmente, las sociedades que presten estos servicios deben obtener autorización del Banco Central de Honduras (BCH) o inscribirse en el Registro que para tal efecto llevará dicha Institución. Es así que as estas sociedades quedaron bajo la vigilancia del BCH y estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) o del Ente supervisor correspondiente.
El Salvador
En el Salvador, si bien es cierto, no existe una regulación específica para Fintech´s, podemos encontrar regulaciones que permiten a este tipo de empresas operar con un alto grado de certeza jurídica, entre ellas podemos mencionar: Ley Bitcoin, Ley de Firma Electrónica, Ley de Comercio Electrónico, Ley de Títulos Valores Electrónicos, Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, en cuanto a los proveedores de comercio electrónico, entre otras.
Dichas normativas dotan a las Fintechs de los habilitadores jurídicos necesarios para desarrollar la mayor parte de sus operaciones. Asimismo, es preciso mencionar que, la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, en su agenda digital a desarrollarse entre 2020-2030, en su punto 2.6 establece como una prioridad del Estado salvadoreño el acompañar a las Fintechs en el desarrollo de un marco regulatorio propio para fortalecer los servicios financieros en el país, entre otras medidas de apoyo a dicho sector, que ha sido catalogado como indispensable para incrementar la inclusión financiera en el país. En el mismo sentido, la Política de Inclusión Financiera emitida por el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera, en su punto 80 y en su tabla número 5, establecen como una de las prioridades el desarrollo del entorno Fintech y la necesidad de apoyar tal sector de forma inmediata.
Nicaragua
En Nicaragua, el Banco Central publicó el “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” que regula a los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago, que proveen servicios de pago con carteras digitales, puntos de ventas móviles, dinero electrónico, servicios de compraventa e intercambio de divisas de forma electrónica, servicios de transferencias de fondos y/o pasarelas de pago online; y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales que en nombre de otros realizan intercambio entre activos virtuales y monedas fíat; intercambio entre una o más formas de activos virtuales; transferencia de activos virtuales; custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permiten el control sobre activos virtuales; y participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.
Costa Rica
El ecosistema Fintech en Costa Rica presenta una actividad creciente durante los últimos años, lo que ha generado interés no solo de los usuarios sino de los órganos supervisores.
Es así como, si bien no existe normativa específica para este sector, como una “Ley Fintech”, sí se han emitido leyes y reglamentos que regulan en forma directa o indirecta, según el caso, las actividades que hacen las empresas que participan en segmentos de negocio que pueden considerarse parte del ecosistema Fintech. En particular, son de interés las disposiciones para la prevención de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que deben cumplir las empresas dedicadas a las pasarelas de pagos, compañías de remesas, empresas de crédito que no sean intermediarios financieros ya supervisados, entre otros. Estos deben cumplir con su inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, eso sí, únicamente para efectos de ser supervisados en materia de AML (Anti Money Laundering).
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