En junio, El Salvador se convirtió en el primer país en reconocer la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal. Pero pocas semanas después de que el presidente Nayib Bukele anunciara su plan, la gente no lo tiene tan claro.
A partir de septiembre, todas las empresas salvadoreñas deberán aceptar pagos en Bitcoin y en dólares, otra divisa que a su vez se adoptó apresuradamente como moneda nacional en 2001, en circunstancias igualmente dudosas.
Ahora, un extenso grupo de salvadoreños solicitó el pasado martes la derogación de la ley, permitirá a partir de septiembre el uso de la criptodivisa como moneda de curso legal. Según una encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en el país es vista como una decisión no recomendable para el 77,5% de la población.
El 24% de los ciudadanos consultados considera la decisión como poco acertada, mientras que el 53,5% la considera nada acertada. En el otro extremo del espectro el 12,9 % asegura que la adopción de la moneda es acertada, y tan solo el 6,5 % la considera muy acertada.
Dudas sobre la capacidad de El Salvador para adoptar Bitcoin
En el mes de junio, el Banco Mundial mostró su rechazo a una solicitud de El Salvador para ayudar con la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. El prestamista internacional citó preocupaciones sobre la transparencia y el impacto ambiental de la minería de Bitcoin en ese país.
La postura del Banco Mundial podría significar que El Salvador enfrente problemas para cumplir con su fecha límite para garantizar que Bitcoin sea aceptado en todo el país en los próximos meses. A ese organismo se suma el Fondo Monetario Internacional, uno de los primeros en manifestar serias dudas sobre la implementación de la moneda.
La gente que es escéptica acerca de la viabilidad de instalar el Bitcoin no está del todo mal, ya que además de la escasa liquidez del activo en el país, El Salvador también se enfrenta a la alta volatilidad de un Bitcoin que estará vinculado al dólar estadounidense.
El intercambio de Bitcoin y dólares estadounidenses al mismo tiempo en plataformas gubernamentales podría generar riesgos para la balanza de pagos y la estabilidad fiscal.