¿Quién debería pagar las pruebas de Covid-19 en el trabajo? Analizando el caso de México

La pandemia de Covid-19 además de causar millones de pérdidas humanas en todo el mundo, también ha creado la necesidad de incluir dentro del presupuesto un fondo para pagar las pruebas que detectan esta enfermedad.

Esto ha afectado a la población en México tomando en cuenta que los precios de una prueba PCR tiene un costo entre $1,300 y $4,500 pesos (entre USD62 y USD200) y en muchas instituciones exigen a los trabajadores realizarse el examen cuando hay sospechas de contagio.

Respecto a esta situación la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del país (STPS) informó en un comunicado que es totalmente ilegal obligar a los trabajadores a pagar por las pruebas de Covid-19 como requisito para ingresar a los centros de trabajo.

El director de la STPS, Omar Estefan, expresó en sus redes sociales que, si las empresas requieren la prueba negativa de sus colaboradores para poder trabajar, los empleadores están obligados a pagarla.

“Los empleadores deben fomentar y brindar confianza para que el personal se quede en casa o se retire del centro de trabajo ante la presencia de síntomas de la enfermedad o sospecha de contagio, aun sin necesidad de presentar la PCR o antígenos”, indicó.

Por otro lado, el consultor en recursos humanos de Asgar , Luis F. González-Aspuru señaló que “la cuestión no soluciona el problema a largo plazo” y que el resultado negativo “es sólo una foto del momento”.  Para tener la seguridad de un ambiente laboral libre de Covid-19 se tendría que pedir la prueba de manera regular, por lo menos una cada dos semanas.

Adicional a esto mencionó que el costo puede representar hasta el 20% de los salarios de los empleados y que para otro tipo de actividades laborales con más personas, para las cuales no sea obligatorio asistir las podría pagar el colaborador con ayuda de la empresa.

Recomendaciones para las empresas en Latinoamérica

González-Aspuru agregó que en lugar de solicitar tantas pruebas, lo mejor era minimizar el riesgo de contagio realizando esfuerzos de prevención cumpliendo con el distanciamiento social, programando la sanitización constante y una buena capacitación al personal para no olvidar las medidas de higiene y seguridad.

Por su parte, Sara Morgan, extitular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México instó a continuar en home office.

“Es muy probable que muchas personas contraigan la nueva variante Ómicron y nunca lo sepan”, dijo Morgan.

Polémica y falta de consenso en la región

En redes sociales se observan opiniones divididas al respecto y recientemente se generó polémica luego de que saliera a la luz que trabajadores del ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez fueron obligados a realizarse la prueba de Covid-19 para seguir laborando en la administración pública, encabeza por Pedro Flores Valerio.

Según las denuncias de los trabajadores el procedimiento tenía un costo de $350 pesos y se estaría realizando en el mismo ayuntamiento con la amenaza de que si no se la realizaban serían despedidos.

En otros países de Latinoamérica la situación es similar, ya que no existe una regulación que con claridad aborde el tema de las pruebas y su gestión así como responsabilidades relacionadas con el uso de las pruebas.

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