La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dictaminó que las instituciones financieras deben demostrar la legitimidad de cada operación. La medida llega días después de que el Congreso aprobara nuevas reglas para facilitar la cancelación de tarjetas.
Por años, el calvario fue el mismo para millones de mexicanos: un cargo desconocido en la tarjeta, una llamada al banco y la respuesta de siempre: «usted debe probar que no lo hizo». Esa dinámica cambió radicalmente la semana pasada.
El 12 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó por unanimidad una jurisprudencia que obliga a los bancos a demostrar con documentos claros y procedimientos confiables que el usuario efectivamente autorizó y realizó cada operación cuestionada. La resolución elimina el uso automático de la «confesión ficta» —figura que presumía culpabilidad cuando el cliente no se presentaba a audiencias judiciales— como prueba suficiente para validar cargos no reconocidos.
«La confesión ficta no basta: el banco debe demostrar plenamente la legitimidad de la operación para proteger los derechos de quienes confían sus recursos a las instituciones financieras», estableció el comunicado oficial del máximo tribunal. Solo después de que la institución acredite con documentos certificados que siguió todos los pasos acordados con el usuario y que sus sistemas funcionaron correctamente, podrá revertirse la carga probatoria.
Un golpe que no vio venir
El fallo deriva de la contradicción de criterios 48/2025, donde la Corte analizó dos juicios mercantiles sobre operaciones bancarias no reconocidas que recibieron resoluciones opuestas en tribunales inferiores. Mientras uno consideró suficiente la confesión ficta para presumir autorización del cliente, otro exigió pruebas adicionales del banco.
La resolución tomó por sorpresa al sector. Según diversos reportes, las instituciones financieras no fueron notificadas previamente del criterio de la Corte, lo que agravó el impacto en un momento delicado para la banca mexicana, que enfrenta presiones regulatorias adicionales desde Estados Unidos relacionadas con acusaciones de lavado de dinero.
La segunda estocada: adiós a las prácticas abusivas en cancelaciones
Como si el revés judicial no fuera suficiente, días antes la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (467 votos) reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que atacan directamente prácticas que por años generaron quejas masivas de usuarios.
Las nuevas reglas, enviadas ya al Senado para su ratificación, establecen tres cambios fundamentales:
- los bancos deberán incorporar un botón visible en sus aplicaciones disponible 24/7 para cancelar tarjetas;
- el proceso completo de cancelación no podrá exceder cinco días hábiles;
- y queda prohibido el envío de tarjetas de crédito no solicitadas.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, denunció que muchas instituciones financieras han enviado tarjetas a domicilios sin solicitud previa y, tras un año, cobran anualidades e intereses moratorios que terminan afectando el historial crediticio de los usuarios. Con la reforma, cualquier tarjeta recibida sin solicitud expresa no tendrá validez legal, eliminando la obligación de cancelarla o pagar anualidades.
¿Qué significa para los usuarios?
El cambio es estructural. En juicios por cargos no reconocidos, la presunción de inocencia ahora recae en el usuario, mientras que el banco debe presentar evidencias claras, certificadas y confiables: recibos electrónicos, registros biométricos, sistemas de autenticación plenamente validados. Solo después de demostrar que «siguió todos los pasos acordados» podrá la institución exigir al cliente que demuestre que no ejecutó la transacción.
Para la industria bancaria, la combinación de ambas medidas representa un endurecimiento sin precedentes de las obligaciones de transparencia y protección al consumidor.
La SCJN enfatizó que la resolución busca «fortalecer la protección de quienes utilizan servicios bancarios, impedir que se les atribuyan cargos indebidos y obligar a las instituciones financieras a actuar con transparencia y conforme a la ley».