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La promesa de la Ley Fintech en Chile era clara: abrir más competencia, dar certezas regulatorias y empujar la innovación financiera. Sin embargo, para Buda.com, el aterrizaje de esa norma no avanzó con la velocidad esperada. Bernardita Bottai, gerenta legal de la firma, puso el foco en ese punto al advertir que la implementación todavía arrastra trabas que terminan afectando la operación diaria de las fintech.
La ejecutiva planteó que la discusión ya no pasa por si la regulación era necesaria, sino por cómo se ejecuta. Desde la mirada de Buda, el retraso en licencias, exigencias operativas y el avance del Sistema de Finanzas Abiertas terminó restando dinamismo a una industria que necesita rapidez para competir, escalar y conectar servicios, especialmente en pagos transfronterizos.
La Ley Fintech abrió una nueva etapa, pero también elevó la exigencia
La Ley Fintech chilena, publicada en 2023, fue diseñada para ordenar un mercado donde conviven plataformas de inversión, pagos, financiamiento y criptoactivos. La norma entregó un marco legal a nuevos actores y dejó en manos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la elaboración de reglas más específicas para su funcionamiento.
Ese paso regulatorio fue valorado por la industria porque permitió salir de una zona gris. En el caso de Buda.com, la empresa presentó su solicitud para registrarse como prestador de servicios financieros ante la CMF, en un proceso que Bernardita Bottai describió como el inicio de una nueva etapa, no como un simple trámite administrativo.
Ahí aparece el punto central del debate. Según Bottai, la adaptación a la Ley Fintech exige transformar la operación interna, sumar controles y responder a nuevos estándares. El desafío no se limita a cumplir un formulario; implica ajustar procesos, reportería, funciones de riesgo y auditoría para poder operar bajo la nueva arquitectura regulatoria.
Por qué Buda.com habla de una desventaja competitiva
La crítica de Buda no apunta a la existencia de la ley, sino a la velocidad de su implementación. Para la compañía, una regulación que busca abrir el mercado pierde parte de su efecto si los plazos operativos se extienden y la puesta en marcha de herramientas clave avanza más lento de lo previsto.
En esa línea, Bottai sostuvo que la lenta implementación de la Ley Fintech frenó licencias y pagos transfronterizos. El punto es relevante porque Buda opera en un segmento donde la interoperabilidad y la conexión con otros mercados son parte del negocio. Si las autorizaciones se demoran o las integraciones se aplazan, el impacto no queda solo en el cumplimiento: también toca la competitividad.
Desde esa perspectiva, la desventaja se explica en tres frentes concretos:
- Licencias y registros más lentos, lo que retrasa el despliegue formal de servicios regulados.
- Mayores costos de cumplimiento, por la necesidad de reforzar áreas de control, riesgo y reportería.
- Menor velocidad para integraciones cross-border, un factor sensible en plataformas que conectan pagos, stablecoins y servicios internacionales.
El Sistema de Finanzas Abiertas se volvió una pieza clave de la discusión
Uno de los puntos más sensibles de la Ley Fintech es el Sistema de Finanzas Abiertas, conocido como SFA. Ese modelo permite que, con autorización del usuario, distintas entidades compartan información financiera de forma segura para ofrecer mejores productos, iniciar pagos y facilitar servicios más integrados.
En teoría, ese sistema puede traducirse en más competencia y en una experiencia más simple para personas y empresas. En la práctica, su implementación tomó más tiempo. La CMF modificó la normativa del SFA e incorporó ajustes técnicos, pero también pospuso su entrada en vigor hasta julio de 2027, argumentando la complejidad de la puesta en marcha.
Ese aplazamiento fue seguido con atención por el ecosistema fintech chileno. Para empresas como Buda, el retraso no solo posterga una innovación regulatoria; también dilata la posibilidad de operar en un entorno con mayor interoperabilidad, donde los pagos, la información financiera y los servicios digitales puedan conectarse con menos fricción.
Normativa sigue siendo una oportunidad, pero el ritmo importa
El mensaje de Bernardita Bottai deja una lectura más amplia sobre el mercado chileno. La Ley Fintech fue creada para modernizar la industria y abrir espacio a nuevos modelos de negocio, pero su efecto depende de que las reglas secundarias, los registros y la infraestructura técnica avancen a una velocidad compatible con la innovación.
En el caso de Buda.com, la advertencia no se presenta como un rechazo al marco regulatorio, sino como un llamado a que la implementación acompañe la promesa original de la ley. Para una fintech, competir no solo depende de tener una norma; también requiere que esa norma se traduzca en procesos ágiles, certezas operativas y capacidad real para conectar servicios dentro y fuera del país.
Ley clave cuyo impacto dependerá de su ejecución
La discusión abierta por Bernardita Bottai pone a la Ley Fintech en un terreno decisivo: el de su aplicación práctica. Chile ya cuenta con una base regulatoria para ordenar e impulsar el ecosistema, pero la experiencia de Buda.com muestra que el verdadero examen empieza cuando esa arquitectura debe funcionar en la operación diaria.
Si la implementación logra acelerar registros, habilitar el Sistema de Finanzas Abiertas y facilitar integraciones transfronterizas, la Ley Fintech puede convertirse en una plataforma de crecimiento para la industria. Si ese proceso se prolonga, el costo no solo lo asumirán las empresas del sector; también lo sentirán los usuarios, que esperan servicios financieros más abiertos, ágiles y competitivos.
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