Con las herramientas que tenemos hoy, podemos cerrar aún más la brecha del riesgo
Imagina que quieres jugar una chamusca —como llamamos en Guatemala a un partido de fútbol entre conocidos— pero el capitán del equipo te dice que solo acepta a quienes ya han jugado antes. La pregunta es inevitable: ¿cómo juegas ese primer partido si nadie te deja entrar al equipo?
Ahora cambia la palabra “chamusca” por “crédito”.
Por décadas se ha usado la ausencia de historial crediticio como señal de alto riesgo o de desconfianza. Y tenía sentido: era la información más confiable y disponible para conocer el comportamiento de pago de un cliente. Pero muchas veces no tener historial significa algo mucho más simple: que nadie te dio la oportunidad de empezar.
Los números lo confirman. En Guatemala, alrededor del 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad (INE, 2025). Y según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares (ENIFH 2025), la primera con representatividad nacional en esta materia, apenas el 42% de los adultos posee al menos un producto o servicio financiero formal. Dicho al revés: cerca del 58% de los guatemaltecos está fuera del sistema, y la brecha se amplía en el área rural y en el occidente del país, donde en departamentos como Huehuetenango el acceso cae por debajo del 20%.
Estamos hablando de personas que administran pequeños negocios, que pagan a sus proveedores puntualmente, que sostienen a sus familias y que toman decisiones económicas todos los días sin tener un solo producto financiero formal. ¿Eso las convierte en “clientes riesgosos”?
La misma encuesta revela algo aún más interesante: alrededor del 26% de la población tiene un crédito en instituciones no financieras (ENIFH-INE, 2025). Es decir, ha recibido anticipos en su trabajo, préstamos de casas de empeño, de familiares o de amistades. La demanda de financiamiento existe y se atiende todos los días; solo que fuera del sistema, sin dejar huella, a costos más altos y sin ninguna protección para el usuario. El sistema no ve a estas personas, pero ellas ya se comportan como sujetos de crédito.
Por suerte, la tecnología está cerrando esa brecha y nos está obligando a cuestionar la lógica de etiquetar a las personas como “riesgo”. Hoy es posible leer el comportamiento financiero de alguien a partir de fuentes alternativas de información: la regularidad de sus ventas y compras, el flujo de caja del negocio, los pagos de servicios, las recargas, las remesas —que ocho de cada diez hogares receptores aún cobran en efectivo—, la transaccionalidad en billeteras y agentes bancarios.
Estos datos, usados con responsabilidad y con el consentimiento del cliente, permiten distinguir entre alguien que simplemente es desconocido para el sistema y alguien que realmente es riesgoso. No son la misma cosa, y confundirlas tiene un costo económico y social enorme.
Un buen modelo de medición de riesgo no debe buscar excluir a la mayor cantidad de personas; todo lo contrario. Su trabajo es medir capacidad y voluntad de pago con la mejor evidencia disponible, no castigar la falta de una etiqueta. Cada vez que confundimos falta de historial con “alto riesgo”, dejamos fuera a miles de emprendedores y trabajadores independientes que tienen el potencial de convertirse en excelentes clientes si, en lugar de etiquetarlos, nos diéramos la oportunidad de conocerlos. Y para las instituciones financieras esto no es filantropía: es el mercado más grande que tenemos enfrente.
Estoy convencido de que el riesgo no está en las personas, sino en la poca información con la que hemos decidido mirarlas. Hoy contamos con las herramientas para que esa fotografía sea más completa. Lo que falta es la implementación del uso de datos para tomar ese riesgo.
Columna escrita por: Sergio Morales, General Manager de Vana+ y VP of Collections de Vana