Sobre el fracaso de la Cumbre de las Américas ya se ha dicho todo. Ha sido la reunión de presidentes peor organizada desde que en 1994 Bill Clinton convocó a sus pares del hemisferio para acordar iniciativas sobre integración económica y fortalecimiento de la democracia. Era difícil imaginar una Cumbre de las Américas más anodina en su concepción o más mediocre en su ejecución de las que ya habíamos visto durante estos 28 años.
Pero Biden y su equipo lo lograron. Para este fracaso contaron, además, con la gran ayuda de los miopes líderes que hoy gobiernan a América Latina. Esta edición de la Cumbre de las Américas ha sido un vergonzoso torneo de mendacidad, hipocresía, necrofilia política y desbordada mediocridad burocrática. La oportunidad de proteger las agrietadas democracias de la región o lanzar ambiciosas iniciativas comunes que pongan a crecer sus anémicas economías se perdió.
La Cumbre se consumió en las negociaciones acerca de la lista de invitados. La Casa Blanca había decidido correctamente no invitar a Ejecutivos que abiertamente encarcelan y torturan a quienes se atreven a disentir del Gobierno y sus líderes políticos. Esa decisión no fue bien vista, entre otros, por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que no iría si se excluía a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El hecho de que los actuales gobiernos de esos países excluyen salvajemente a quienes discrepan de ellos, imponiéndoles largas condenas de cárcel, y en ciertos casos los someten a torturas o hasta asesinan, es obviamente un detalle secundario para AMLO. Otros países se hicieron eco del mexicano.
Es una vergüenza que tantos países de América Latina sean incapaces de romper con las malas ideas que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Peor aún es que en la América Latina de hoy los gobernantes que sistemáticamente atormentan a sus opositores no solo son tolerados, sino hasta celebrados.
Un ejemplo de esta propensión al apaciguamiento y la tolerancia con los violadores de derechos humanos fue la visita a China de Michelle Bachelet, quien fue dos veces presidenta de Chile y, desde 2018, es la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La expresidenta dirige el organismo cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos en el mundo.
El pasado mes de mayo, Bachelet visitó China y mantuvo reuniones con varios líderes del gigante asiático, incluida una teleconferencia con Xi Jinping, el jefe supremo. El Gobierno de Pekín ha mantenido un fuerte control y una severa represión de la minoría musulmana uigur. Imágenes satelitales, así como documentos oficiales y testimonios de víctimas han llevado a múltiples gobiernos, ONG y organismos internacionales a denunciar al régimen chino. Lo acusan de perpetrar contra los uigures encarcelamientos masivos, esterilizaciones obligadas, trabajo forzado, separación de familias y torturas, así como la implantación de campañas de adoctrinamiento político y la prohibición de sus prácticas religiosas y culturales.
Cuando se anunció el viaje de la alta comisionada Bachelet, activistas y gobiernos alertaron de que esa visita sería manipulada por el Ejecutivo chino para mostrar al mundo una versión falsa de la realidad de los uigures. El Departamento de Estado de EE UU calificó el viaje de Bachelet como “un error” que sería utilizado por Pekín con fines de propaganda.